Documental Rotten, de Netflix, mostró el lado menos dulce del azúcar dominicano: ¿qué ha cambiado?

Pocas cosas parecen tan inocentes como una cucharada de azúcar. Sin embargo, el cuarto episodio de la segunda temporada de Rotten, la serie documental de Netflix de 2018, se titula «Negocio dulce» y apunta en otra dirección.

Su sinopsis habla de trabajadores explotados, ecosistemas invadidos y juegos políticos en la gran industria azucarera. En la República Dominicana, esa conversación suele tener un nombre: Central Romana, el mayor productor del país.

Este artículo no se limita a evaluar lo que muestra el episodio. Contrasta el debate —presente todavía hoy— con documentos oficiales, informes de la empresa, investigaciones y estudios académicos.

Un gigante del azúcar dominicano

El peso del Central Romana es indiscutible. El informe final de la zafra 2024-2025 de INAZUCAR registra una producción nacional de 520,831 toneladas métricas de azúcar. De ellas, 278,042 salieron de este ingenio, más de la mitad.

Molió además 2,935,531 toneladas de caña, cerca de 54% del total nacional. Su informe de sostenibilidad 2024 la presenta como el mayor empleador privado del país, con 17,612 empleados directos, 7,262 de ellos en la zona agrícola.

Estados Unidos es el mercado clave. Hasta septiembre de 2025, las exportaciones dominicanas a la cuota estadounidense sumaron 189,216 toneladas, valoradas en US$134.6 millones, según INAZUCAR. Cronkite News, de la Universidad Estatal de Arizona, cita un reporte del Departamento de Agricultura de EE. UU.: en el año fiscal 2022, Central Romana acaparó casi 63% de esa cuota.

Lo que halló Estados Unidos en 2022

El 23 de noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ordenó detener el azúcar sin refinar y los derivados de Central Romana. Según el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos, la agencia identificó cinco de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT.

Fueron el abuso de vulnerabilidad, el aislamiento, la retención de salarios, las condiciones abusivas de trabajo y de vida, y las horas extra excesivas. El mismo comunicado recuerda que una ley federal prohíbe importar bienes producidos con trabajo forzoso. Los importadores pueden exportar el envío o demostrar que no hubo trabajo forzoso.

El contexto reforzaba la alerta. El Departamento de Trabajo de los EE. UU. ya había incluido la caña dominicana en su lista de bienes producidos con trabajo infantil o forzoso. El Departamento de Estado, por su parte, ubicó al país en el nivel 2 en materia de trata de personas.

La empresa respondió con un comunicado. Dijo recibir con «gran asombro» y afirmó que las razones no reflejan sus políticas. Recordó más de un siglo de programas de salud, educación, vivienda y alimentación para sus trabajadores. Ambas posturas merecen leerse completas: la de una agencia federal y la de una empresa que dice haber actuado correctamente.

Un levantamiento que dejó preguntas

Según INAZUCAR, la orden se levantó el 17 de marzo de 2025. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes valoró la decisión como una muestra de confianza en el país. Central Romana reanudó parcialmente sus embarques y colocó 9,560 toneladas en Estados Unidos.

Para varias organizaciones, eso no basta. Un comunicado conjunto del 15 de septiembre de 2026, que 48 organizaciones de República Dominicana, América Latina, España y Ginebra respaldaron, sostiene que levantar la restricción no demuestra que el trabajo forzoso haya terminado.

Los firmantes piden a CBP hacer públicos los fundamentos del levantamiento y realizar una nueva investigación. Exigen a la empresa publicar íntegro el informe de la firma Elevate, que ha invocado sin divulgarlo. Y piden al Estado dominicano investigar y sancionar los abusos laborales.

También señalan una aparente contradicción. Según el comunicado, Estados Unidos impuso aranceles a economías, incluida la dominicana, por no aplicar prohibiciones al trabajo forzoso, pero volvió a admitir el azúcar de Central Romana.

El informe de Corporate Accountability Lab (CAL), según la cobertura de Agencia AP, agrega que los propietarios tienen vínculos políticos con Estados Unidos. Los documentos revisados no prueban que eso influyera en la decisión.

La respuesta de Central Romana

En su carta del 23 de octubre, hace dos semanas, la empresa rechaza la denuncia. Afirma que auditorías independientes anuales, durante más de una década, no hallaron indicadores de trabajo forzoso. Asegura que todos sus cortadores ganan por encima del salario mínimo diario del sector.

Explica que la Seguridad Social no admite a quien carece de documentación regularizada, pero que no aplica descuentos ni diferencias salariales por ese motivo. Añade que ofrece seguro médico privado, sin costo, a los trabajadores agrícolas fuera de ese sistema.

Su informe de sostenibilidad suma otras medidas. Entregó contratos en español y creole a 6,050 trabajadores de corte y la carga en la zafra 2024-2025. Opera un mecanismo de quejas auditado por la firma LRQA, con línea telefónica y WhatsApp anónimos. Y prohíbe contratar menores de 18 años.

También reporta más de 55% de mecanización en 2024. Financia pasaportes y actas de nacimiento para trabajadores extranjeros: entregó 2,065 actas y 1,277 pasaportes. Admite, sin embargo, que la inscripción oficial de 5,972 trabajadores registrados biométricamente depende de una solución del Gobierno.

Lo que cuentan los trabajadores

Las voces de los trabajadores llegan sobre todo por investigaciones externas. En 2023, Cronkite News entrevistó a residentes de los bateyes de Central Romana. Varios dijeron que agentes de la empresa los advirtieron de desalojo si hablaban con periodistas, por lo que se cambiaron sus nombres.

Una madre haitiana relató que su esposo trabaja seis días por semana, entre 10 y 13 horas diarias, por unos 2,200 pesos semanales, cerca de US$40. Otros contaron que los trabajadores mayores pierden la vivienda cuando ya no pueden cortar caña.

Sobre el sindicato, hay dos lecturas. La empresa afirma que más del 95% de su personal está afiliado al Sindicato Unido de Trabajadores y que el convenio incluye un aumento salarial de 18%. El abogado Mario Jacobs dijo a Cronkite que el sindicato cubre solo a una parte de los trabajadores y no los defiende.

AP, por su parte, recoge un clima de miedo descrito por CAL. Esa organización pide inscribir a los trabajadores en la Seguridad Social, pagar al menos el salario mínimo y permitir un sindicato independiente. Central Romana calificó el informe de plagado de inexactitudes y negó violar normas laborales. Son testimonios, no un censo. Por eso la verificación independiente y pública importa tanto.

Del bracero temporal al batey permanente

Para entender mejor el debate hay que mirar atrás. Trujillo ordenó en 1937 —en lo que se conoció como la Masacre del Perejil—masacrar a los haitianos hallados fuera de las plantaciones de azúcar.

En 1952 se firmó el primer acuerdo bilateral para contratar jornaleros haitianos por temporada, aprobado por la Resolución 3200 del Congreso. Obligaba a las empresas a pagar igual que a los dominicanos, dar alojamiento higiénico, extender el seguro social y repatriar al trabajador al terminar el contrato.

Una versión de 1966, que consta en la memoria histórica del Senado, añadió garantías. Prohibía descuentos salariales, salvo el ahorro pactado, y los intereses sobre los avances. También exigía liquidar todas las obligaciones al terminar el contrato.

Según el antropólogo Raúl Zecca Castel, entre 1952 y 1986 el gobierno haitiano reclutó cada año entre 15,000 y 20,000 trabajadores. La vivienda era temporal, pero los pagos a menudo no alcanzaban para volver a Haití. Así, los barracones se volvieron bateyes: comunidades con familias, hijos y nietos.

Zecca describe barracones construidos por el Estado en los años sesenta y setenta, sin agua corriente, luz ni baños, con puertas que podrían cerrarse con candado por fuera. Es una descripción histórica. El autor añade que los bateyes actuales, que estima en unos 500 con 250,000 habitantes, siguen mostrando grandes carencias.

Documentos, deportaciones y miedo

El otro nudo es la documentación. Cronkite News y Human Rights Watch describen un patrón: niños nacidos en hospitales dominicanos sin acta de nacimiento porque sus padres carecen de papeles. Sin acta, estudiar, trabajar formalmente y cotizar se complica.

Cronkite añade que, tras la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, documentos emitidos antes a descendientes de haitianos dejaron de considerarse válidos. Trabajadores con cédula temen salir del batey.

Human Rights Watch, en 2022, ya documentaba redadas basadas en el color de la piel. La vejez agrava el cuadro. Un proyecto de maestría de UNIBE analizó 1,084 solicitudes de pensión cañeras entre 1990 y 2018. Se aprobó 28% de las haitianas y 62% de las dominicanas. Es un estudio académico con muestra cualitativa pequeña, y atribuye la brecha a exigencias documentales del sistema estatal.

Transparencia, supervisión y rendición de cuentas

Resolver los cuestionamientos sobre la industria azucarera requiere acciones coordinadas. Central Romana transparentaría su postura con auditorías públicas y permitiendo verificaciones independientes. El Estado dominicano hoy enfrenta muchos desafíos, como los mecanismos para intervenir en procesos y trámites, así como para llevar a cabo las inspecciones que le competen. La ciudadanía dominicana y los medios también deben participar en la conversación.

Rotten tocó, como en todos sus episodios, un tema sensible. Aunque la empresa Central Romana reporta avances, siguen existiendo reclamos que necesitan atención pública y verificación. Se necesita más que declaraciones y es un trabajo en conjunto: auditorías abiertas, medios éticos y un Estado presente.

Créditos foto de portada: Bloomberg / Dhiraj Singh