Autismo y educación superior en RD: una inclusión pendiente

La Ley 34-23 reconoce los derechos de las personas con autismo desde 2023. Sin embargo, la falta de datos públicos, protocolos y cobertura mantiene su aplicación incompleta. El vacío es mayor en la educación técnica y superior, hacia donde avanza una nueva generación de estudiantes autistas.

Una ley vigente con aplicación pendiente

La Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue promulgada el 5 de junio de 2023. Según sus artículos finales, la ley entraba en vigencia 120 días después de su promulgación (art. 55) y el Poder Ejecutivo disponía de otros 120 días, a partir de esa fecha, para dictar el reglamento (art. 54). Con ese cómputo, el reglamento debía estar listo a inicios de 2024. El Decreto 403-24 se emitió el 24 de julio de 2024.

La infraestructura de atención también avanza lentamente. Un monitoreo de la Mesa de Diálogo por el Autismo, reseñado por Listín Diario, señala que de 21 unidades proyectadas solo tres han sido inauguradas.

En febrero de 2026, SeNaSa anunció el programa InTEgrA. En su etapa inicial, está dirigido a afiliados de 2 a 10 años, con una meta de 3,000 beneficiarios y un presupuesto anual de RD$200 millones. Es un avance concreto, pero no alcanza a adolescentes ni adultos, ni prepara el tránsito hacia la formación técnica y universitaria.

Lo que dicen los datos oficiales

El Anuario de Estadísticas Educativas 2024-2025 del Minerd registra 5,370 estudiantes con TEA. La distribución muestra una fuerte concentración en los primeros niveles: 1,742 en inicial, 3,243 en primaria, 378 en secundaria y 7 en educación de adultos. Por sector, 3,640 estudian en escuelas públicas, 1,679 en colegios privados y 51 en centros semioficiales.

La matrícula registrada cae de forma marcada hacia los niveles superiores en la información pública disponible. Los datos tampoco explican la causa, pero indican que la transición hacia la educación técnica y superior es el punto menos visible del sistema. Las fuentes oficiales consultadas no ofrecen cifras de estudiantes autistas en ese nivel.

La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 100 niños es autista, una cifra respaldada por una revisión sistemática publicada en 2022.

Sin datos no hay planificación

Sin cifras confiables, resulta difícil estimar cuántos cupos, docentes capacitados o apoyos hacen falta. Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, planteó en televisión nacional en febrero de 2025 la ausencia de un Registro Nacional de Familias con TEA y el subregistro de casos no diagnosticados. SeNaSa menciona un Registro Nacional de TEA como paso de ingreso a su programa, pero las fuentes consultadas no ofrecen reportes públicos de ese registro. Reconocer un derecho sin indicadores equivale, en la práctica, a postergarlo.

La oferta clínica también es limitada. Según el director de la sede de Santo Domingo Oeste del CAID, Edison Rodríguez, el país cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles. Quiroz señaló además que las familias con recursos suelen buscar atención en el extranjero, lo que evidencia una brecha de acceso.

El marco legal ya existe

La educación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución dominicana y en la Ley 5-13 sobre discapacidad, que garantiza la educación inclusiva. La Ley 34-23 obliga al Minerd a asegurar el acceso pleno a la educación de las personas autistas, y encarga a los ministerios de Trabajo y de Industria, Comercio y Mipymes promover su inserción laboral.

Desde el Estado hay avances en el nivel preuniversitario. En la conmemoración del Día Mundial del Autismo, el Minerd informó que cuenta con 134 Aulas Específicas para la Inclusión Educativa y 36 centros de educación especial que atienden a estudiantes con TEA. Informó además que 16,119 docentes han sido capacitados en prácticas inclusivas (1,340 en diplomados especializados) y que 6,780 familias recibieron orientación. El ministro Luis Miguel De Camps reconoció que el verdadero desafío es la implementación efectiva en las aulas, y citó la Ley 34-23 y la Ordenanza 05-2024 como instrumentos clave.

En educación superior, el MESCyT y el CONADIS acordaron con una universidad colombiana la formación de 100 docentes dominicanos en neurodivergencia. Es un paso relevante, aunque enfocado en la formación de docentes y no en los apoyos a estudiantes universitarios.

Soluciones viables y de bajo costo

Estas propuestas no exigen grandes inversiones y pueden aplicarse en institutos técnicos y universidades:

• Activar los ajustes según la necesidad expresada por el estudiante, sin exigir un diagnóstico formal que en el país es escaso y de acceso desigual.
• Ofrecer rutas de admisión accesibles, con información en lenguaje claro y entornos sensoriales ajustados, como espacios silenciosos y luz moderada.
• Capacitar a docentes y registrar de forma confidencial las solicitudes de apoyo, para producir los datos que hoy faltan.
• Incluir a personas autistas y a sus familias en el diseño y la evaluación, porque nada sobre ellas debe decidirse sin ellas.

La inteligencia artificial puede ayudar con materiales en lenguaje claro, pictogramas o recorridos virtuales de los talleres y aulas antes de asistir.

Una tarea compartida

La inclusión no depende solo del Estado. Universidades, institutos técnicos, empresas y organizaciones civiles pueden adoptar protocolos y crear alianzas. El seguimiento ciudadano también cuenta, como el que ejerce la Mesa de Diálogo por el Autismo.

Para los jóvenes autistas que se acercan a la educación técnica y superior, el reto es concreto: pasar de un derecho reconocido en la ley a apoyos reales, medibles y accesibles.